Condenan a 13 años de prisión a empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands
Tras 18 años de investigación, el pasado mes de julio, un juzgado penal de Antioquia emitió sentencia histórica contra la filial colombiana de la multinacional Chiquita Brands, Banadex, al confirmar que entre 1997 y 2004 la empresa entregó dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ayudando a consolidar el “proyecto paramilitar” que, en Urabá y 7 departamentos más, causo miles de muertes, desplazamiento forzado y despojo de tierras, delitos de lesa humanidad que hasta la fecha estaban en la impunidad.
Este fallo de la justicia penal que condena a 13 años de prisión a 7 exdirectivos de Chiquita Brands, y además impone una sanción económica por concierto para delinquir agravado, supondrá un histórico precedente judicial en Colombia. Por 3 motivos: (1) Se haría justicia; llegaría tarde para muchas víctimas directas que han fallecido en este tiempo, pero se establecería la relación de la empresa con el accionar criminal de las AUC. (2) La justicia ordinaria y diferentes instancias de la justicia transicional tendrían un referente para sancionar a otras muchas empresas que están siendo investigadas por motivos similares al de Chiquita (por citar algunos, Coca Cola, Postobón, Drummond, Nestlé). (3) Haría llegar un mensaje, que es de sentido común, pero que en la práctica se ha incumplido la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todas sus operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales, lo que hoy ha pasado a llamarse debida diligencia empresarial.
El caso contra Chiquita prescribía el 17 de septiembre de 2025. Así esta empresa ya hubiera sido condenada en Estados Unidos a pagar una multa multimillonaria -al fisco norteamericano, no a las víctimas que causaron en Colombia-, el riesgo de impunidad era alto. Por tal motivo, desde febrero del año en curso, la Fundación Forjando Futuros, apoderada de las víctimas, el Instituto Popular de Capacitación, la Fundación Paz y Reconciliación y Asamblea de Cooperación por la Paz, adelantaron una masiva campaña comunicacional de incidencia (#QueLaJusticiaNoSePudra) para evitar que un posible vencimiento de términos concluyera con la consabida impunidad de la que, hasta el momento, venían gozando las empresas que se aprovecharon del conflicto armado para su enriquecimiento.
La campaña logró movilizar atención pública y judicial. Se radicaron documentos clave ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Juzgado Sexto Penal Especializado de
Antioquia, con la finalidad de evitar que el proceso prescribiera. Y se ha logrado, aunque, tras la sentencia, aún existe riesgo de prescripción. Desde nuestras organizaciones seguiremos incidiendo para que no ocurra.
Se ha logrado en todo caso demostrar que el argumento de la empresa de pagar únicamente por estar siendo extorsionada no es creíble, siendo Chiquita Brands solo una de las decenas investigadas por el mismo hecho. El concierto para delinquir agravado se basa en la concertación que hicieron entre empresarios de las comercializadoras de banano con cooperativas de seguridad (Convivir) desde donde se transfería dinero de manera directa al grupo paramilitar.
Aún así la justicia es imperfecta. Los casi 3 millones de euros de sanción impuesta a Chiquita Brands se destinarán al fortalecimiento de la rama judicial colombiana, no a la reparación de las víctimas que, con el pago a las AUC, causaron. Debemos entender que buena parte de las familias que sobrevivieron las masacres cometidas por las AUC, tuvieron que salir desplazadas de sus tierras, perdiendo sus viviendas, empleos, proyectos, arraigo, vínculos familiares y sociales, solidaridad, …, y también su fuente de ingresos. Es decir, el desplazamiento implica automáticamente empobrecimiento, del que muchas personas nunca lograron sobreponerse, por lo que consideramos que una medida de reparación para las víctimas de desplazamiento en Colombia es, además del derecho a recuperar sus tierras, una indemnización económica por los daños patrimoniales sufridos.
Se trata en todo caso de otra de las luchas que ACPP, junto a Forjando Futuros, seguiremos dando hasta que la justicia, tantas veces ciega o coja, sea cada día menos imperfecta y logre ser un camino real hacia la verdad y la dignidad de las víctimas. ●
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