Denunciamos las políticas restrictivas del Estado Israelí hacia las ONGD
En los últimos meses, las ONGD que trabajamos en los Territorios Ocupados de Palestina (TOP) hemos enfrentado constantes y crecientes restricciones impuestas por el Estado de Israel. Estas medidas tienen como objetivo limitar, entorpecer y, en última instancia, imposibilitar el trabajo de quienes defendemos el respeto del derecho internacional humanitario y buscamos apoyar al pueblo palestino, tanto en Gaza como Cisjordania, frente a las constantes violaciones de derechos humanos que sufren por parte del Estado Israelí.
Todas estas restricciones han culminado en una nueva ley para el Registro de Organizaciones impulsada por el Gobierno Israelí, que obliga ahora a todas las ONGD que trabajan en los TOP a someterse a un riguroso proceso para determinar si se les permite seguir actuando en el terreno. Desde ACPP, nos sumamos al siguiente comunicado firmado por 55 organizaciones internacionales denunciando esta ley y sus graves consecuencias en detrimento del derecho internacional y los derechos humanos.
Os presentamos un resumen del comunicado emitido y podéis acceder aquí al texto completo:
“Las nuevas medidas de Israel para el registro de ONGD amenazan la ayuda humanitaria y el Derecho Internacional – firman 55 organizaciones (6 mayo 2025)
Las 55 organizaciones firmantes que operan en Israel y el territorio palestino ocupado (TPO) hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe frente a la nueva ley israelí para el registro de ONG internacionales. Basada en criterios vagos y politizados, esta ley busca controlar las operaciones humanitarias, de desarrollo y de construcción de paz, silenciar la defensa de derechos humanos y afianzar la anexión de facto de Israel sobre los TOP.
A pesar de restricciones sin precedentes, en 2024 las ONGD prestaron servicios esenciales a millones de personas. La nueva ley ahora amenaza con paralizar este trabajo vital. Se trata de una grave escalada contra el espacio humanitario y cívico que establece un peligroso precedente.
Bajo estas nuevas disposiciones las ONG ya registradas podrían ver su registro cancelado en base acusaciones arbitrarias como “deslegitimar a Israel” o apoyar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional. Se les exige, además, entregar listas completas de su personal y otros datos sensibles, lo que plantea serias preocupaciones de seguridad (se presenta la acción humanitaria y la defensa de derechos humanos como amenazas al Estado, y las autoridades israelíes pueden excluir a organizaciones por denunciar las condiciones que observan sobre el terreno).
Esta nueva ley se enmarca en una ofensiva más amplia a largo plazo contra el espacio humanitario y cívico que incluye el bloqueo o retraso de ayuda vital; ataques a personal humanitario y sus instalaciones (asesinato de más de 400 trabajadores humanitarios en Gaza); leyes para restringir las acciones de UNRWA; impuestos punitivos sobre financiación extranjera a ONG israelíes; y la suspensión de visados y permisos de circulación.
Según el derecho internacional humanitario, las potencias ocupantes están obligadas a facilitar la asistencia humanitaria imparcial y garantizar el bienestar de la población protegida. Cualquier intento de condicionar el acceso humanitario a la alineación política o penalizar a las organizaciones por cumplir su mandato puede constituir una violación de este marco. No obstante, esta nueva ley amplía e institucionaliza las barreras existentes a la ayuda.
Las organizaciones firmantes instan a los Estados, donantes y la comunidad internacional a:
Proteger la acción humanitaria frente a medidas que comprometan su neutralidad e independencia.
Emprender acciones políticas y diplomáticas concretas para garantizar un acceso humanitario sin trabas.
Apoyar legal, diplomática y financieramente a ONG internacionales y a la sociedad civil palestina e israelí.
Las organizaciones firmantes seguirán trabajando por una asistencia basada en principios humanitarios, conforme al derecho internacional. Reiteran su disposición al diálogo, pero no pueden aceptar medidas que penalicen el trabajo humanitario o exponga al personal a represalias, que no solo socavan la asistencia en los TOP, sino que también sientan un precedente peligroso para las operaciones humanitarias en todo el mundo.” ●
