Protección del Derecho a la Educación Inclusiva desde Águira, Bafatá

En el corazón de la región centro-oriental de Guinea-Bissau, a pocos kilómetros del río Geba y cerca de la frontera del sector de Bafatá, se encuentra la comunidad de Águira: un territorio donde la vida rural se organiza en torno a las zonas de cultivo, y donde el compromiso colectivo late con fuerza.

Aquí, donde las infraestructuras son escasas y el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda histórica, la comunidad ha demostrado una vez más que la organización popular y el impulso de las mujeres son motores reales de transformación.

Desde hace más de una década, las familias de Águira se movilizan para que sus hijos e hijas puedan ejercer su derecho a la educación. En 2011, gracias a un esfuerzo colectivo sostenido, construyeron una primera aula con recursos propios y el apoyo de alianzas comunitarias. Ese espacio ha sido durante años el centro neurálgico de la educación básica en la zona.

Sin embargo, el crecimiento de la población infantil y las limitaciones estructurales impedían garantizar el acceso universal y seguro, especialmente para aquellos niños y niñas que —al no poder escolarizarse en la comunidad— debían recorrer más de 12 kilómetros diarios (ida y vuelta) hasta la escuela más próxima.

Ante esta realidad, y con el impulso del proyecto “Promoción del derecho a la educación inclusiva en la comunidad de Águira, región de Bafatá, Guinea-Bissau”, ACPP ha acompañado a la comunidad en la construcción de una nueva escuela comunitaria, la creación de un comité de gestión escolar y el desarrollo de procesos de sensibilización comunitaria en torno al derecho a la educación, el acceso al agua y la salubridad, desde un enfoque de género centrado en mujeres y niñas.

Todo ello ha sido posible gracias al trabajo conjunto con nuestra organización socia en terreno, DIVUTEC, que lleva décadas comprometida con el desarrollo comunitario integral en las zonas más rurales del sur del país, con convicción e incidencia, integrando la perspectiva de género y la convivencia intercultural como ejes fundamentales.

Este proceso ha sido financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de su convocatoria de Cooperación al Desarrollo de 2024.

El camino ha sido profundamente participativo. Desde el inicio, la comunidad asumió el liderazgo a través de un comité de gestión compuesto por madres, padres, asociaciones locales y representantes comunitarios, que tomaron decisiones clave sobre el diseño, los materiales, la contratación de mano de obra local y la supervisión de las obras. Una apuesta clara por la sostenibilidad, la transparencia y la apropiación real del proyecto.

La nueva escuela, ya terminada, amplía la capacidad educativa de Águira a 216 niños y niñas, en condiciones dignas, seguras e inclusivas. Pero el impacto va mucho más allá de la infraestructura.

Paralelamente a la construcción, se ha desarrollado una campaña comunitaria de sensibilización sobre el derecho a la educación y la salud de mujeres y niñas. Esta iniciativa ha fortalecido los conocimientos locales sobre las barreras que enfrentan las adolescentes para continuar su escolarización, ha generado diálogos intergeneracionales y ha promovido una mayor corresponsabilidad en el cuidado y acompañamiento de los procesos educativos de las niñas.

Las asociaciones de mujeres horticultoras Munhal y Waquilaré, la Asociación de Jóvenes Unidos para el Desarrollo de Águira y los jefes tradicionales locales han sido actores clave en la dinamización del proceso, tejiendo puentes entre generaciones, saberes y objetivos compartidos.

Trabajar en cooperación no es hacer por otras personas, sino trabajar con ellas. En ACPP lo tenemos claro: nuestro papel es estar al servicio de procesos que ya existen, no imponer agendas desde fuera. Esa es la base de nuestra alianza con DIVUTEC, con quienes compartimos no solo el trabajo técnico, sino también una forma de entender la justicia social.

Esta escuela es un logro importante, pero no es un final. Es un paso más hacia algo mucho más grande: una comunidad que decide organizarse para garantizar sus derechos. Una red viva de personas que entienden que el futuro se construye, literalmente, con las manos de todas.

Desde la incidencia y el impulso comunitario, se contribuye a la construcción de políticas que parten de lo local para impactar en lo estructural. Y se demuestra así un posicionamiento claro en la defensa de los Derechos Humanos, con la población y las organizaciones de la sociedad civil como agentes políticos clave.