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La población palestina en Gaza lleva dos años intentando sobrevivir bajo las bombas, haciendo frente a la hambruna generalizada, epidemias, traslados y hacinamientos forzosos en campos de refugio donde los recursos básicos son extremadamente limitados, si no inexistentes. Este “asedio total” sobre la Franja ha generado unas condiciones de extrema inseguridad, destrucción y violencia sin precedentes. Las cifras son demoledoras, más de 65.000 personas asesinadas (18.000 de éstas niños y niñas), más de 400 víctimas por desnutrición, 39.000 niños y niñas huérfanos (muchos de padre y madre), 167.000 personas heridas, y el 92% de los hogares gravemente dañados o destruidos, dejando a más de 1,45 millones de personas sin refugio (pincha aquí para la información más actualizada).
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En respuesta a esta situación humanitaria, múltiples organismos internacionales han elevado la voz de alarma. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaba una serie de medidas provisionales vinculantes que Israel debía tomar para prevenir un genocidio en Gaza, entre ellas permitir el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, con la excepción del breve alto al fuego decretado en enero de 2025, que permitió un breve respiro para la población, Israel ha establecido crecientes restricciones para las ONGDs internacionales, con el objetivo de limitar, entorpecer y, en última instancia, imposibilitar el trabajo de quienes defendemos el respeto del derecho internacional humanitario.
La pasividad de la comunidad internacional ante esta crisis ha dotado al estado de Israel de una impunidad que contradice de forma flagrante el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Esto ha permitido a su vez una escalada exponencial de la violencia a lo largo de la región, especialmente en Cisjordania y Líbano.
En Cisjordania, la población palestina ha sufrido durante décadas las restricciones de movimiento que impiden su vida diaria, las incursiones indiscriminadas del ejército israelí, la expansión ilegal de asentamientos de colonos en sus tierras, y los ataques violentos de éstos a sus hogares. Desde el 7 de octubre 2023, el número de víctimas mortales ha aumentado en casi un 250 por ciento, con 1.152 personas asesinadas, 241 de las cuales eran niños y niñas. Además, las fuerzas israelíes han destruido más de 4.000 infraestructuras palestinas, dejando a más de 42.000 personas sin hogar y comunidades enteras obligadas a abandonar sus tierras (puedes acceder aquí a la información más actualizada).
La violencia ha llegado también a Líbano, que enfrenta la mayor escalada del conflicto desde 2006. La ofensiva iniciada por el ejército israelí en septiembre de 2024 ha dejado ya más de 4.000 víctimas mortales y más de 900.000 personas desplazadas, la mitad de las cuales son niños y niñas. A pesar de la firma de alto al fuego en noviembre de 2024, las incursiones militares y bombardeos por parte del ejército israelí continúan en el sur del país.
OCHA: Actualización de la emergencia en Gaza
Sin embargo, el pueblo palestino resiste
Con su resiliencia y fortaleza, el pueblo palestino ha demostrado que la solidaridad y fraternidad pueden hacer frente incluso a los contextos más deshumanizantes. Familias comparten sus hogares para dar refugio a quienes se han visto obligados a huir, redes de personas voluntarias se organizan a diario para distribuir productos de primera necesidad o erigir refugios para quienes llegan a los distintos campos de refugio. Dos años después, atrapada en una crisis humanitaria catastrófica, la población de Gaza se esfuerza por mantener viva la esperanza.
ACPP seguirá trabajando por la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, en Palestina y en el mundo
Esta no es una crisis humanitaria aislada, exclusiva de Oriente Medio, es una crisis mundial. Las flagrantes violaciones de derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario perpetradas a diario y con total impunidad por el estado israelí ponen en jaque a toda la humanidad.
La Corte Penal Internacional anunciaba en noviembre de 2024 órdenes de detención internacionales contra dirigentes israelíes, acusados de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, entre ellos el uso del hambre como arma de guerra, los ataques indiscriminados a la población civil, y otros actos inhumanos. En julio de 2025, la organización israelí de derechos humanos B’Tselem publicaba el informe Our Genocide donde, basándose en declaraciones públicas de altos funcionarios y en los actos del ejército israelí sobre el terreno, afirma que están cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. Similarmente, en septiembre de 2025, la Comisión de Investigación Independiente de la ONU hizo público un informe donde concluye que Israel está perpetrando genocidio en la Franja, y advierte seriamente sobre indicios de que esta intención se extiende al resto del territorio ocupado, incluyendo Cisjordania y Jerusalén Este.
Cada día que pasa sin un alto al fuego real y permanente, sin el fin de la ocupación ilegal en Palestina, queda más erosionada la legitimidad de la comunidad internacional y su capacidad para prevenir estos crímenes. La condena a los atroces ataques cometidos por Hamas el pasado 7 de octubre de 2023 no puede eclipsar la realidad de los crímenes de guerra y genocidio que el estado israelí continúa perpetrando contra el pueblo palestino. A la vez que demandamos la liberación de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamas, debemos también demandar la liberación de las más de 7.800 personas civiles palestinas actualmente retenidas ilegalmente en prisiones israelíes, 3.327 de ellas en régimen de “detención administrativa”. Dicho término hace referencia a quienes han sido encarcelados sin cargos ni vista de juicio o fecha de liberación, en base a supuestas pruebas no comunicadas y, por tanto, sin posibilidad de alegación. El régimen y las condiciones en las que se encuentran estas personas encarceladas es desconocido, aunque aumentan los informes sobre posibles torturas y trato degradante (accede aquí a la fuente de estos datos y más información).
Informe de la organización de DDHH B’Tselem sobre el sistema de prisiones israelí
En Gaza, en respuesta a la situación de emergencia, ACPP trabaja en coordinación con nuestras socias locales palestinas y otros actores humanitarios como OCHA (la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). Por un lado, distribuimos kits alimentarios y bienes de primera necesidad a través de fondos de emergencia aprobados por instituciones españolas. Actualmente estamos llevando a cabo ocho proyectos con fondos de los Ayuntamientos de Beasain y Zumaia, la Diputación de Gipuzkoa, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y el Comité de Emergencias de Aragón.
También, apoyamos con donaciones a nuestra socia local PARC (Asociación para el desarrollo Agrícola), cuya red de personal y voluntariado trabaja día a día afrontando los peligros asociados a operar en Gaza. A lo largo de estos meses, PARC ha conseguido trabajar y generar acuerdos con proveedores locales gazatíes, personas dedicadas a la agricultura y ganadería que continúan en activo a pesar de las dificultades. Así, han logrado además aportar cierta actividad a la destrozada economía local, haciendo también frente a la creciente inflación y especulación.
Desde el inicio del conflicto, PARC ha distribuido más de 2,4 millones de productos esenciales como agua, kits alimentarios y comidas calientes, refugios, ropa o mantas, llegando a decenas de miles de personas (puedes pinchar aquí para información específica sobre las acciones de PARC en Gaza). Para continuar con esta labor, apelamos a la población española, a la solidaridad con el pueblo palestino que aún resiste.
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Actuaciones de PARC en Gaza desde Octubre 2023
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