Resistir, influir, transformar
En septiembre de 1994, una serie de personas, de forma individual u organizadas en colectivos, a través de la denominada Plataforma 0,7, con el fin de expresar su desacuerdo con el ‘flagrantemente injusto orden internacional’, convocaron acampadas a lo largo y ancho del territorio español. La voluntad concreta de la movilización, y de ahí el nombre de la plataforma, pretendía conminar al Gobierno (y al Parlamento) para que incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la ayuda para el desarrollo cuya cuantía alcanzase el 0’7% del PIB. No se trataba de un número ‘random’, de unos dígitos elegidos aleatoriamente, la cifra, fijada por acuerdo de las Naciones Unidas en 1972, respondía al porcentaje sobre el PIB que, aplicado a los países desarrollados, sería necesario y suficiente para paliar el hambre en el planeta. Una cifra inalcanzable, exponían sus detractores o planteaban incluso gobernantes que, en paralelo, afirmaban compartir el mismo fin, pero, por lo visto, sin tanta urgencia.
Más de treinta años después, el debate no se centra en ese 0,7%, sino en un dígito que resulta de multiplicar aquel por algo más de 7: el 5%; y no para paliar las disfunciones de un mundo en el que continúa imperando un ‘flagrantemente injusto orden internacional’, no. Un cinco por ciento para incrementar el arsenal bélico de los países aliados en la OTAN, aquella alianza militar en la que España ingresó en 1982 pese a la desaprobación generalizada -según encuestas de la época, solo el 18% de la población aprobaba la incorporación-, aquella entente aparentemente rechazada por el PSOE -aparentemente, porque el tiempo mostró la verdadera intención del partido liderado por Felipe González; aparentemente, porque el recordado eslogan ‘OTAN, de entrada no’ ya advertía de que la salida podría producirse por otra puerta-.
Aquel ‘OTAN no, bases fuera’ propugnado por un tan amplio como heterogéneo movimiento social fue perdiendo fuerza hasta resguardarse en el cajón del olvido. La Alianza Atlántica tras la caída del bloque soviético en 1991, tras el fin de la Guerra Fría, pretendió mostrar un perfil semejante al ‘paz y bien’ franciscano: existía para salvaguardar el orden, la paz y la concordia.
Es de suponer que ahora no serán pocas las personas que rebusquen en aquel cajón pancartas con el viejo lema: el presidente de los EE.UU. impone a los socios otanísticos esas siete veces el cero siete para gasto militar. Mark Rutte, el secretario general de la organización, quien ya mostró sus sumisas hechuras -o la asunción de la imposición laboral que le permite mantener su estatus- cuando a finales del año pasado ‘invitaba’ a asumir una mentalidad de guerra, no esconde el vasallaje ni en el tono de su lenguaje.
No carece de lógica, de su lógica, la exigencia de Donald Trump. Por un lado, buena parte la suma de los 5% de los distintos países se convertirán en un impuesto que reactivará la industria militar de la metrópoli. Por otro, sitúa a Europa ante la disyuntiva de laminar, siquiera a la chita callando, lo que aún permanece en pie del estado de bienestar. Lo que no deja de ser una aspiración del dirigente estadounidense. Si los países europeos se pliegan, su ‘modelo’ se desmoronará. De lo contrario, se habrán de atener a unas amenazas que tendrán mayor o menor efecto en función del modo de respuesta. El negociante siempre impone su criterio si los negociadores compiten entre ellos en vez de ponerse de acuerdo en salvaguardar el bienestar del territorio que les compete.
Todo esto mientras siguen activos los fuegos más cercanos y los que no han adquirido resonancia mediática como los de Sudán, Somalia, Nigeria, Myanmar…
Todo esto mientras observamos cómo se están agrietando las estructuras multilaterales, y no precisamente para avanzar; cómo se desanda el camino -por exiguo que fuera- del sistema internacional de derechos humanos. Cómo se imponen visiones belicistas y belicosas. Visiones que toman como adversarias, y como tal se les combate, a las organizaciones sociales. En el ámbito de trabajo de ACPP ya conocíamos este tipo de prácticas restrictivas, de hecho nuestro campo de actuación trabaja en pos de herramientas para combatirlas. Lo novedoso, aunque no tan sorprendente, recae en el hecho de que esta pretensión de achantar al activismo climático, a personas defensoras de los derechos de los migrantes, de las mujeres, de los miembros de colectivos LGTBI+, esté ocurriendo en países de la UE.
En paralelo, de aquellas campañas del 0,7 para los incrementos presupuestarios en materia de AOD, hemos pasado a un cambio en el uso espurio de esos fondos -como se detalla en el informe de gestión de ACPP en este curso que ahora concluye-, al anuncio de sustanciales recortes en años venideros.
Se abre una etapa en la que corresponderá resistir, influir y transformar. ●
Imagen: El Grito (detalle). Antonio Saura 1959.
