Un nuevo paso para consolidar la anexión de Cisjordania
El pasado 15 de febrero, el Gobierno israelí aprobó la reanudación del proceso de registro de tierras en amplias zonas de la Cisjordania ocupada, especialmente en la denominada Área C. Presentada como una medida técnica de ordenación administrativa, la decisión tiene un alcance político y territorial profundo: permite declarar como “propiedad del Estado” tierras palestinas no registradas formalmente y consolidar su incorporación al control israelí.
El llamado “arreglo de títulos” es un procedimiento definitivo e irreversible mediante el cual se fijan derechos de propiedad en el registro oficial. Tras la ocupación de 1967, Israel suspendió este proceso precisamente por su carácter permanente. La ocupación, según el derecho internacional humanitario, es por definición temporal. La potencia ocupante actúa como administradora y no puede introducir transformaciones estructurales que alteren de forma duradera el estatuto del territorio ni apropiarse de bienes privados.
La reactivación del registro viola ese principio. No es una medida aislada, sino coherente con una política sostenida de expansión de asentamientos y consolidación de control sobre el territorio palestino. Bajo apariencia administrativa, se refuerza una dinámica de integración progresiva del Área C en la estructura estatal israelí y una anexión de facto.
En la práctica, el nuevo registro puede convertir en “tierra estatal” extensiones tradicionalmente utilizadas por comunidades palestinas que, por la compleja historia administrativa de la región -otomana, británica y jordana-, no cuentan con documentación completa. Antes de 1967 solo una parte del territorio había sido formalmente registrada, y décadas de restricciones, fragmentación y obstáculos burocráticos han dificultado aún más la acreditación de derechos.
En este contexto, exigir pruebas exhaustivas de propiedad dista de ser neutral. Con bases de datos incompletas y profundas asimetrías de poder, el proceso puede traducirse en una desposesión progresiva y difícilmente reversible.
La medida afecta también a personas consideradas “ausentes” desde 1967, que no han podido regresar ni proteger sus bienes. Cualquier decisión irreversible sobre esas tierras consolida la pérdida definitiva de derechos, en tensión con las obligaciones de protección establecidas por el derecho internacional.
Impacto en el tejido social y en la sociedad civil
Más allá de la dimensión jurídica, las consecuencias sociales pueden ser profundas. En el Área C se concentra gran parte del suelo agrícola y de los recursos naturales de Cisjordania. Es también donde las restricciones urbanísticas son más severas y donde las demoliciones y denegaciones de permisos de construcción son frecuentes.
La inseguridad sobre la tierra limita la capacidad de las comunidades para sostener sus medios de vida, invertir en agricultura, construir infraestructuras básicas o planificar su futuro. La tierra no es solo un recurso económico: es el soporte de la vida comunitaria, cultural y familiar. Cuando ese vínculo se precariza, se erosiona el tejido social y aumenta el riesgo de desplazamiento forzoso.
Las organizaciones palestinas de la sociedad civil -como PARC, PHG, PSCCW o REFORM, socias de ACPP- desarrollan buena parte de su trabajo en estas zonas. Sus proyectos de desarrollo rural, acceso al agua, apoyo a mujeres o fortalecimiento comunitario dependen del acceso estable a tierras y recursos. La posibilidad de que terrenos comunitarios pasen a ser considerados “propiedad estatal” introduce un nuevo nivel de vulnerabilidad: mayor riesgo de confiscación, más obstáculos para construcción de infraestructuras y creciente presión administrativa sobre quienes defienden derechos territoriales.
La reactivación del registro no es, por tanto, un mero trámite burocrático. Es una herramienta estratégica que puede redefinir de forma duradera el mapa territorial de Cisjordania y consolidar un sistema de control fragmentado y desigual. Profundiza la asimetría entre colonos -que gozan de plenos derechos civiles y acceso a mecanismos administrativos eficaces- y población palestina.
El acceso a la tierra no es solo una cuestión administrativa. Es una condición básica para la dignidad, la autonomía económica y la supervivencia colectiva. Cuando ese acceso se ve amenazado por mecanismos legales que consolidan una ocupación prolongada, el impacto trasciende lo jurídico: afecta al tejido social, a la resiliencia comunitaria y a la posibilidad misma de construir un futuro con derechos. ●
Imagen: Demolición de vivienda (fotografía: OCHA)
